En Ecuador, el sonado caso “Metástasis” en el cual se ha descubierto como los tentáculos del narcotráfico y el crimen organizado han penetrado varias instituciones del Estado; esto en complicidad con funcionarios, jueces, fiscales y abogados en libre ejercicio. Podemos observar que este fenómeno de corrupción se agrava cuantitativamente por la magnitud de los hechos, por las cifras involucradas, y por el rango jerárquico de los funcionarios responsables.
Una de las conocidas formas de la narco justicia es que abogados realicen el vínculo con fiscales o jueces y se “arreglen” procesos judiciales o se encuentren beneficios a favor de los procesados, que en circunstancias normales o ejercidas en derecho, no podrían extenderse ni obtenerse.
Llevar a cabo todos esos actos y procedimientos tramposos requieren de “expertos”, quienes no sólo cobran altas tarifas, sino que además, como todos aquellos que juegan algún rol en un trámite ilegal, llevan “su parte” –ellos y sus necesarios cómplices en pago de este “servicio” imprescindible para poder “devolver” los “beneficios recibidos”.
Esta manera errónea y corrupta de ejercer la profesión y obtener “justicia”, debe ser combatida de manera frontal y una tarea cultural consistiría en que esas formas de obtener beneficios judiciales no existan, o en que sean perseguidos severamente, o prevenidos con eficacia, o dificultados en su empleo con convicción. De lo contrario, si están disponibles, alguien los tomará. Hoy fueron unos actores, mañana dichos actores o protagonistas serán reemplazados por otros que ya conocen la manera tramposa de hacerlo.
Con todo lo mencionado, solo en una clara renovación de valores será posible construir instrumentos jurídicos eficaces que expresen esa nueva cultura en contra de la corrupción y la narco justicia. En otras palabras, mientras dichos actos sean motivo de envidia para otros profesionales del derecho o jueces, de tomárselo a la ligera, o de un anhelo de las nuevas generaciones por la obtención de dinero fácil, es muy poco lo que se puede hacer con eficacia en el campo jurídico.
Si no contamos con un verdadero rechazo cultural a la corrupción y a sus protagonistas y partícipes: públicos y privados, no será́ posible encarar un combate serio contra este mal que aqueja a la justicia desde hace mucho tiempo atrás pero que fue valientemente investigado y evidenciado en estos últimos días.
David Carrión Mora
Abogado constitucionalista y litigante con Magíster en Derecho Internacional Económico y formación avanzada en derechos humanos y ambiental. Docente e investigador en Derecho Constitucional, coautor de «El Derecho Económico en tiempos de crisis» y experto en temas de integración social latinoamericana.
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